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Martín Casais Zelis

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LOCACIÓN DE SERVICIOS

(CLASES PRÁCTICAS EN EL SUBSUELO)

 

I) INTRODUCCION

Jueves 6 de diciembre de 2001. Una vez más nos sorprendimos con las (ya famosas) investigaciones televisivas, típicas de programas como Telenoche Investiga y Puntodoc. Esta vez, el protagonismo no se lo llevó la falsa médica Mónica Rímolo, ni "Papito". En la edición del jueves por la noche, los conductores del ciclo Puntodoc -los periodistas Rolando Graña y Daniel Tognetti- presentaron un informe en el que la protagonista era la Casa de Estudios que forma a la gran parte de los abogados, políticos, asesores legislativos, jueces… Jueces que son precisamente los mismos que deben juzgar a las víctimas de las investigaciones y cámaras ocultas; victimarios, a su vez, del resto de la sociedad.

Gran parte de la prensa se vio sorprendida porque esta vez no era una sauna ni el Senado de la Nación, el foco del escándalo, sino la Facultad de Derecho, una de las más prestigiosas del mundo. Es cierto, fue sorprendente para todos, pero creemos que nada tiene que ver la calidad en la formación de los estudiantes con las actividades impropias que se desarrollaban en el subsuelo. Distinto hubiera sido que se haya descubierto que profesores y alumnos participaran de "orgías universitarias" dentro de las aulas o que hubiera llegado el trueque a la facultad: una calificación determinada por sexo. ¡No dramaticemos! Hay que ser prudentes y analizar los hechos con detenimiento. Se descubrió que se ejercía la prostitución en el subsuelo, pero no que la institución organizara, o avalara, los encuentros. No podemos confundir el mal (o criticable) accionar de un funcionario con una actividad institucional. Sería como confundir al ilícito de un gobernante, con una asociación ilícita compuesta por todos los integrantes del gobierno.

Seamos cautelosos y esperemos que la Justicia investigue y descubra cómo funcionaba esa "locación de servicios" cuyo objeto podemos cuestionar jurídicamente por medio del art. 953 del Código Civil (CC).

Por otra parte, sí sería trágico realmente, que ésto no haya sido un hecho aislado y un error de los controles internos, sino un accionar sostenido con la complicidad de las autoridades o del personal de seguridad. Pero ello, lo dirá la Justicia. Seamos prudentes y tratemos de aplicar lo que aprendemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En materia de Derecho, claro.

 

II) HECHOS

La producción del programa Puntodoc, emitido los días jueves en el horario de las 23 horas por América (canal 2), realizó una investigación en la Facultad de Derecho, en la que descubrieron por medio de cámaras ocultas, que el cerrajero de la Casa de Estudios, Mario Alberto García, conocido como "Cacho", manejaba (según sus propios dichos) a dos chicas que traía "de afuera" de la facultad, las que por medio de diez pesos mantenían relaciones con quienes solicitaban sus servicios: alumnos, personal no docente..., pero -según Cacho- nunca profesores "porque aún no se enteraron, sino también vendrían".

La persona de la producción que portaba la cámara haciéndose pasar por un eventual cliente, llegó al subsuelo en el que (tras pasar una puerta color bordó ubicada al lado de las aulas de extensión universitaria) se encontró con "Cacho". Afirmando venir de parte de un amigo que le había comentado, sugirió estar buscando una chica. El cerrajero devenido desde hacía cuatro meses (aparentemente) en "coordinador de prostitutas" (¿o gestor de negocios?) comentó cómo funcionaba la actividad:

Las chicas que trabajaban eran dos y no estudiaban en la facultad.

El servicio básico tenía un costo de diez pesos y se podía estar con ambas a la vez, siempre y cuando se les pague a cada una.

El cliente podía hablar con las prostitutas y decidir si utilizará o no el servicio.                                                          

El servicio se podía tomar en ese lugar o ir a otra parte.

Las chicas sólo trabajaban los días miércoles.

Mario García también comentó que las chicas se duchaban allí mismo y se pudieron observar los boxes en los que estaban con sus clientes: cuartos de depósito de materiales y herramientas, con un colchón en el piso. Los preservativos, si el cliente no tenía, los proveía "Cacho".    

El falso cliente que llevaba la cámara oculta, pidió hablar con una de las chicas para decidir si tomaba el servicio o no. Entró a un box con la prostituta, ella ser quedó en ropa interior (para que él la pueda observar) y finalmente decidió partir sin tomar el servicio, prometiendo regresar en otra ocasión. Otro miércoles debía ser. Era lógico que trabajen los miércoles únicamente, porque en ese día de la semana, es en el que menos alumnos asisten, porque los cursos más concurridos se desarrollan los lunes y jueves y martes y viernes. Si bien nos sorprendió porque no conocíamos lo que ocurría en el sótano, sí se sabe en el ambiente estudiantil, que hay algunos baños en la facultad en los que se desarrollan situaciones extrañas. Son, generalmente, un par de baños de los de hombres en los que no se han hecho modificaciones a nuevo -como en la mayoría- por años y donde en algunos casos siquiera hay luz, llenándose de gente que uno no sabe qué va a hacer.

Cuando la producción de Puntodoc (según sus manifestaciones) fue a mostrarle el video al decano Andrés D´Alessio, éste solicitó que le contaran lo ocurrido, sin aceptar observar la documentación. Oscar Shuberoff, rector de la Universidad, por su parte, no contestó nunca el llamado.

 

III) PERSPECTIVA CIVIL

Más allá del caso particular analizado, cuando hablamos de prostitución hay determinados derechos que están en juego:

 

POR PARTE DE LA PROSTITUTA

Su derecho, básicamente, sobre el cuerpo. Ella decide qué y en qué condiciones hace lo que quiere o necesite. Si utiliza su cuerpo para obtener dinero, sea porque no tiene otra opción o porque le gusta o conviene, es una decisión propia no reprochable por ninguna persona. Esto se vincula con otra cuestión. El derecho a diseñar, dirigir y ejecutar su  proyecto de vida, incluyendo su facultad de auto-construirse de la manera decidida.

La intimidad también está en juego, por cuando ella decidirá que quede la actividad en el ámbito privado o se haga pública.

 

POR PARTE DEL CLIENTE

En principio, tiene derecho a solicitar los servicios de una prostituta, sea o no reprochable moralmente. Él decide cómo auto-construirse y cómo proyectar su vida, haciendo de esos servicios una actividad única, esporádica o permanente.

Por otro lado, también su derecho a la intimidad se verá perjudicado si se diera a conocer sin su expresa autorización.

Y finalmente recordemos que la Constitución Nacional, en su art. 19 establece dos principios: que lo que una persona haga en su ámbito de libertad, no es justiciable y que todo lo no prohibido está permitido.

Uno podría preguntarse: ¿existe un contrato de locación de servicios?

El art. 1623 del  CC la define como un contrato consensual que "tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero".

Pero debemos tener en cuenta el art. 953 del CC: "el objeto de los actos jurídicos debe ser cosas que estén en el  comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto". En este caso, el objeto sería nulo si fuera ilícito, contrario a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes. En cuanto a la primera y la tercera condición será analizado luego. Y en relación con las buenas costumbres, dependerá de la sociedad en un tiempo y lugar determinado.

Aun no siendo nulo el objeto, el art. 1626 del CC establece que si la prestación de servicios fuere ilícita o inmoral, la parte que recibe el servicio no tendrá derecho para demandar a la otra por la prestación ni para exigir la restitución del precio.

 

IV) PERSPECTIVA PENAL

En materia penal, por otra parte, se establece cuándo la prostitución se vincula con los delitos, porque ella (en sí misma) no constituye uno; todos los años de pena son de reclusión o prisión.

El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de 18 años, aún con consentimiento: 4 a 10 años, con la agravante de que sea menor de 13 años, que tiene una pena de 6 a 15. Y sin importar la edad, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro medio de intimidación o coerción o si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda: 10 a 15 años  (art. 125 bis del Código Penal -CP-)

El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de 18 años, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de una relación de dependencia o de poder u otro medio de intimidación o coerción: de 4 a 10 años (art. 126 del CP).

El que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de una relación de dependencia o de poder u otro medio de intimidación o coerción: de 3 a 6 años (art. 127 del CP).

El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución: 4 a 10 años. Si es menor de 13 o si siendo de cualquier edad, mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro medio de intimidación o coerción o si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda: 10 a 15 años (art. 127 del CP).

El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de mayor de 18 años para ejercer la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro medio de intimidación o coerción: 3 a 6 años (art. 127 ter del CP).

Si bien la prostitución no está penada per se, podría darse un caso de asociación ilícita  entre Cacho y otros, siempre y cuando su actividad esté relacionada con alguna de las formas de delito antes descriptas. Recordemos que el art. 210 del CP establece que: "se reprimirá con prisión o reclusión de 3 a 10 años al que tomara parte en una asociación o banda, de tres o más personas, destinada a cometer delitos por el sólo hecho de ser miembro de la asociación. Para jefes u organizadores el mínimo de pena será de 5 años". Y además sostiene que serán de 5 a 20 años, si se dan dos características, por lo menos, de las descriptas en este artículo, una de las cuales es: recibir algún apoyo, ayuda  o dirección de funcionarios públicos.

 

V) CONCLUSION

Evidentemente la crisis económica y social que vive la Argentina desde hace años, no sólo ha profundizado los índices de delincuencia, sino también los de prostitución. Y en ella no caen sólo las mujeres, sino también los hombres, conocidos como taxi boys, transexuales y travestis. Estos últimos sobre todo, muchas veces por no tener otra opción. Por su condición diferente, no consiguen trabajo; cuesta poco imaginarse, con casi un 20 % de desocupación, que si una persona normal desde el punto de vista social no consigue trabajo, mucho menos lo conseguirán aquellos. Obviamente, también estará quien ejerce esta "profesión" porque le da placer o porque el rédito económico es grande. No creo que sea ésta, precisamente, la causa por la que estas chicas trabajaban, dado lo irrisorio de su "arancel".

Nosotros creemos que la prostitución, en sí, no es ni buena ni mala. Cada uno tiene derecho a planificar su vida como quiera. Lamentamos que haya gente que lo haga contra su voluntad y eso sí debería evitarse, dándoles otras posibilidades. Pero quien elige prostituirse, más allá de sus posibilidades personales, creemos que debe ser respetado mientras no se perjudique a terceros.

En este caso puntual habrá que investigar qué tipo de relación había entre Cacho y las chicas y si hay más personas involucradas y de qué forma, si la facultad estaba vinculada, etc. Todo ello permitirá arribar a una conclusión en el ámbito penal. Pero en materia civil, mientras no se dañe a terceros, creemos que no hay nada que reprocharle a las chicas, independientemente del lugar en que ejercían su actividad. Porque eso sí es criticable. En la facultad se forman juristas y no se concurre a cumplir fantasías sexuales de ese tipo y en esa forma. Así como también es impropio e incorrecto que un empleado de la misma utilice su lugar de trabajo, un lugar público que nos pertenece a todos, para tramar, fomentar y ejecutar un negocio personal que nada tiene que ver con el interés común de la sociedad que por medio de sus impuestos mantiene a la Facultad de Derecho y a él mismo.