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Publicado el 21/6/2008 a las 10:17 hs. en la sección Locales policiales

 

TRATA DE PERSONAS

El cuerpo como mercancía

La trata de personas ya se considera delito federal. En Río Gallegos ya se han realizado varios procedimientos. Los críticos aseguran que será difícil hacer efectivas las condenas por el miedo de las víctimas a declarar.

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara convirtiera en ley -por 157 votos a favor, 35 en contra y 6 abstenciones- el proyecto que convierte a la trata de personas en un delito federal, comenzó la polémica.

La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas modifica el Código Penal, tipificando como delito la trata de personas, con agravantes cuando las víctimas son menores de 18 años. Las penas van de los tres a los quince años de prisión.

Establece también que la trata de personas es un delito federal, lo que permite que los jueces y fiscales federales transiten las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables, lo que debiera darle mayor celeridad al proceso penal.

La ley apunta a combatir las redes de prostitución, que reclutan chicas de bajos recursos y las engañan para luego hacerlas trabajar bajo presión -que va desde retenerle los documentos, dejarlas sin dinero hasta mantenerlas cautivas-. También para reprimir el trabajo esclavo, por ejemplo de los talleres textiles. Y servirá hasta para combatir la búsqueda ilegal de donantes de órganos.

La nueva normativa generó críticas entre algunos de los movimientos sociales de mujeres y organizaciones que defienden a las víctimas de trata y un duro debate en el recinto. En una carta abierta enviada a los medios por Virginia Franganillo, Martha Pelloni, Marta Bianchi, Dora Barrancos, Elena Tchalidy, Cecilia Lipsczick, Ana Suppa, Susana Checca, Norma Cabrera, Alicia Ruso entre otras, denuncian que la nueva ley obligaría a las víctimas "a demostrar que no hubo consentimiento y sí aprovechamiento de su vulnerabilidad" ya que "revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba". Aseguran que por el miedo que siente una víctima, difícilmente declare en contra de quien la sometió y así se hará difícil probar que hubo sometimiento, requisito necesario para la condena por el delito.

 

FALTA DE INFORMACIÓN

Para los penalistas, este reclamo se asocia a la falta de información sobre la ley. "Es injusto decir que no nos interesa el tema del consentimiento. Esto es falso. Si una persona es víctima de coerción, amenazas o engaños, mal puede decirse que esté en condiciones jurídicas de consentir. Con un arma en la cabeza nadie tiene libertad para decidir qué hacer y qué no hacer. Este es sólo un ejemplo, pero en todos los casos que no hay manifestación voluntaria relevante jurídicamente, es porque están lesionados sus elementos", aclaró el abogado penalista Martín Casais Zelis, asesor de la diputada Nora César, titular de la Comisión de Legislación Penal.

 

Para el director del Grupo de Investigación y Acción sobre la Trata de Mujeres y Niñas en Argentina, Esteban de Gori, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, "es verdad que hay una discusión y posiciones encontradas vinculadas al tema del consentimiento y al abordaje asistencial. Diferencias que no se pueden resolver rápidamente. Pero el Estado necesitaba una ley que ante una cuestión tan compleja suponga la represión del delito. Estoy de acuerdo en que es necesario un abordaje asistencial para las víctimas. Conocemos las situaciones empíricas y concretas".

El ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, participó como coautor del proyecto de ley. A partir de ahora podrá dar luz verde al Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, creado en octubre pasado mediante un decreto presidencial.

 

TRES PROCESOS

La Dra. Analía Gabrieli, fue la encargada de presentar el tema en las Primeras Jornadas sobre Trata en Rosario, convocadas por Mujeres Creando Futuro. Gabrieli identificó tres procesos involucrados en el circuito de la trata: un proceso inicial de captación y contratación; un segundo proceso de traslado y desarraigo, que es el que garantiza que la víctima quede aislada y desamparada respecto de su grupo o del lugar donde poder pedir ayuda, entre sus parientes, amigos o su entorno habitual; y el tercer proceso es el de explotación, que es el más evidente, el que hace visible lo invisible, que devela que hay una red detrás de él.

En cuanto a los obstáculos para abordar la trata, Susana Chiarotti enumeró las diferentes complicidades en juego que impiden desanudar la red, ya que la trata solo subsiste si hay complicidad en las autoridades. "Hoy los prostíbulos en la "república de la soja" se abren solo si hay comisarios de socios" ejemplificó. Chiarotti comentó el caso de las casas de Río Gallegos que es el lugar de tráfico interno donde recala la mayoría antes de ser llevadas al exterior. "Son cómplices quienes ven a las casas con chicas y les resulta divertido. Es otro nivel de complicidad".

 

PROCEDIMIENTOS

El 4 de Junio Una mujer de 23 años oriunda de la provincia del Chaco fue rescatada, durante un allanamiento, puesto que era víctima de la trata de personas. La investigación era realizada por la justicia de esa provincia y mediante un exhorto, se efectuó el procedimiento en una casita de tolerancia.

Según la información a la que tuvo acceso El Periódico Austral, el Juzgado de Instrucción Penal 1 recibió un pedido de la Fiscalía 1 de la provincia de Chaco mediante el cual solicitaba un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Los Ceibos al 250 puesto que allí se estaría cometiendo el delito de trata de personas.

Inmediatamente el Dr. Lozada extendió el procedimiento y fueron los efectivos de la Seccional Segunda los que llevaron adelante el operativo en forma conjunta con el Comando Radioeléctrico.

A las 15:15 de ese día, esta joven –de quien este medio hará reserva de su identidad- fue rescatada por la policía y trasladada a un lugar seguro. Además dentro de este inmueble pudieron secuestrar prendas de vestir y documentación de sumo interés para la causa puesto que allí quedaría asentado su sometimiento a ejercer la prostitución.

«La joven había llegado hace tres días. Aparentemente, la trajo una amiga que trabaja en los prostíbulos y le habría dicho que trabajaría como personal de limpieza», afirmó a Télam el fiscal que investiga la causa.

Cuando la joven llegó al lugar, le habrían dicho que si quería regresar a Chaco debía pagar 500 pesos y, según el fiscal, «se las ingenió para enviar un mensaje a su hermana, quien radicó la denuncia en la Fiscalía de esa provincia».

Vivanco aseguró que al momento del rescate, la única que quiso salir del prostíbulo fue la joven adolescente chaqueña, quien posteriormente fue trasladada a su provincia para reencontrarse con su familia.